TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS
PUEBLOS
21, 22
Y 23 DE JULIO. AUDITORIO LEÓN DE GREIFF
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- BOGOTÁ
“Todo pueblo tiene derecho a existir”
EL
Tribunal Permanente de los Pueblos –TPP- es un tribunal de carácter no
gubernamental que tuvo su origen en
el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los Estados Unidos en la guerra contra el pueblo
de Vietnam, conocido como el Tribunal Russel, el cual en su segunda sesión -1974 y 1976- enjuició a las dictaduras
militares de América Latina. La base de los juicios del TPP son las convenciones y declaraciones internacionales
sobre derechos humanos y se realizan sin las ataduras que crean los poderes políticos, los poderes económicos, los
poderes de los Estados; esta por fuera de las estructuras judiciales de los países y representan, de alguna manera,
la conciencia ética de los pueblos, de la humanidad.
el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los Estados Unidos en la guerra contra el pueblo
de Vietnam, conocido como el Tribunal Russel, el cual en su segunda sesión -1974 y 1976- enjuició a las dictaduras
militares de América Latina. La base de los juicios del TPP son las convenciones y declaraciones internacionales
sobre derechos humanos y se realizan sin las ataduras que crean los poderes políticos, los poderes económicos, los
poderes de los Estados; esta por fuera de las estructuras judiciales de los países y representan, de alguna manera,
la conciencia ética de los pueblos, de la humanidad.
En el marco del proceso de juzgamiento a las empresas
transnacionales, a través de la sesión Colombia del Tribunal Permanente de los
Pueblos –TPP, La Autoridad Nacional de
Gobierno Indígena – ONIC, convoca a las
organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, comités de solidaridad
nacionales e internacionales y a todos los pueblos y organizaciones indígenas
de Colombia y Latinoamérica a
solidarizarse y apoyar la defensa por los recursos naturales,
territorios y culturas ancestrales de Colombia.
La explotación de recursos naturales en los territorios
indígenas ha sido un factor que ha afectado negativamente a los pueblos
indígenas desde las épocas de la conquista, el saqueo de recursos, la venta de
los mismos y los mecanismos de guerra sucia implementados por las empresas
transnacionales y el gobierno colombiano
en contra de los Pueblos Indígenas como habitantes ancestrales de estos
territorios, para apoderarse de los recursos naturales, ha sido
una amenaza permanente para la
pervivencia de los pueblos, afectando la cultura, la autonomía, el
gobierno propio y el territorio; además
las políticas estatales actuales
excluyen niegan y limitan nuestros derechos, hasta el punto de que en la actualidad en
nuestro país hay 18 pueblos indígenas en peligro de extinción.
La implementación de megaproyectos y la inyección del
capital transnacional en nuestro país también ha desatado una reiterada y
sistemática vulneración de los derechos individuales y colectivos de los
pueblos indígenas, ya que esto sucede a
la par de la militarización, el
desplazamiento forzado, las enfermedades, el asesinato y la persecución de
lideres, todo ello en el marco de la política de “seguridad democrática”, que
en primera instancia criminaliza toda posibilidad de protesta social y
legaliza el accionar paramilitar sin
generar verdaderos procesos de verdad, justicia y reparación de los pueblos
afectados.
Por ello, es necesario realizar el Tribunal Indígena para
juzgar el exterminio histórico y
sistemático al que hemos sido sometido
los pueblos indígenas de Colombia durante 517 años de existencia.
Los Pueblos Indígenas de Colombia frente a este escenario de
impunidad y a todos los riesgos que
implica la estrategia macroeconómica en el país asumimos la decisión política
de establecer un precedente histórico de impactar nacional e internacionalmente
realizando un juzgamiento desde la ley de origen de los pueblos indígenas en el
marco de la justicia propia con el acompañamiento y la solidaridad de los sectores sociales y populares, con el
objetivo de construir alianzas y líneas políticas conjuntas.
Para los pueblos indígenas la justicia propia y la ley de
origen se entiende como el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza para
mantener el orden del territorio y del pensamiento, esta practica milenaria ha
sido reconocida por la constitución de 1991 y por el convenio 169 de la OIT
reconociendo a las autoridades indígenas facultades jurisdiccionales en sus
territorios de conformidad con nuestras normas usos y costumbres.
Los pueblos indígenas tenemos el derecho al consentimiento
libre previo e informado reconocido en
la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas por lo tanto
el estado colombiano está en la obligación de adoptar lo que determina la
legislación internacional frente al mecanismo de la consulta previa por lo cual estamos en nuestro legitimo
derecho de ejercer el derecho al veto.
Las Autoridades propias
de los Pueblos indígenas
sancionaremos social, política y jurídicamente a los responsables de los
crímenes de lesa humanidad cometidos en contra nuestros pueblos y territorios ancestrales.
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